Retos de la seguridad social en España

Los niveles de seguridad social en España alcanzaron un total de 521.891 durante los seis primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Este es un récord histórico desde que esta serie comenzó a filmarse en 2013. Sin embargo, este aumento se da en el contexto de preocupaciones y quejas de empresarios y sindicatos, que están a la espera de la propuesta de la viceprimera ministra y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Recientemente, el Comité Europeo de Derechos Sociales publicó una resolución afirmando que los actuales sistemas de indemnización por despido, que ofrecen un máximo de 24 meses de salario después del despido, no cumplen con la Carta Social Europea. Esta situación es problemática porque no garantiza una compensación adecuada para los trabajadores ni desincentiva adecuadamente a las empresas frente al despido improcedente.

PSOE y Sumar acordaron revisar la normativa sobre despidos para armonizarla con la legislación europea. Sin embargo, esta medida ha provocado divisiones entre los ministros, ya que implica reconocer las críticas del Comité. Se propone la posibilidad de suprimir el límite de 24 meses de prestaciones e introducir prestaciones adicionales según las circunstancias del trabajador afectado.

Los sindicatos, especialmente la UGT, han llevado esta cuestión a Europa, alegando que las reformas laborales han provocado un aumento significativo de las bajas por enfermedad injustificadas. En el primer semestre de 2021, el número de despidos aumentó un 97%, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar una compensación justa, dejando a los trabajadores sin protección.

Aunque algunos empleados se ven obligados a iniciar procedimientos disciplinarios sin derecho a indemnización, muchos de estos casos terminan en procedimientos de conciliación o judiciales. Esto se traduce en un bono de compensación de 33 días, lo que resulta caro para las empresas. De hecho, muchos prefieren justificar sus despidos con razones objetivas y más fáciles de argumentar en la práctica.

Las estadísticas del Tesoro Nacional de la Seguridad Social confirman esta tendencia: el 54,9% de los retiros se clasifican como disciplina individual, mientras que sólo el 41,85% se deben a causas objetivas, como razones económicas o técnicas. Es importante señalar que estas cifras se basan en el razonamiento dado en el momento del despido y no en revisiones posteriores.

A pesar de la aparente mejora en los niveles de afiliación, los datos sobre despidos y gastos también muestran un aumento de las bajas por enfermedad. Este escenario se acentuó tras la reforma laboral, que provocó un aumento de los despidos, especialmente entre trabajadores recién contratados o más jóvenes.

El debate sobre la regulación de los despidos sigue abierto. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión de este reglamento genere inseguridad jurídica durante las negociaciones. Se está discutiendo la posibilidad de mantener el límite actual, pero dando a los jueces más herramientas para determinar una compensación más alta en casos de despido injustificado.

El PSOE y Sumar también prefieren centrarse en los acuerdos sobre reducción de jornada antes de entrar en una discusión sobre las indemnizaciones por despido. La situación actual revela un panorama complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la viabilidad económica de las empresas.